A diferencia de los debates filosóficos sobre AGI, los fiscales están interesados en las duras prácticas comerciales de la empresa. Según las citaciones (subpoenas), la investigación se centra en los algoritmos de retención de usuarios, las políticas publicitarias y los principios de recopilación de datos (específicamente, información confidencial sobre la salud y los niños). Este movimiento demuestra que la maquinaria estatal de EE. UU. ya no ve a OpenAI como una prometedora startup de I+D. La empresa de Sam Altman (que se prepara para una OPI y el lanzamiento de una superapp) ha sido relegada a la categoría de Big Tech clásica, sujeta a las medidas de auditoría más severas. Legalizar un monopolio tendrá un alto precio.
Fuente: OpenAI / Reuters / WSJ
RegulaciónOpenAICumplimientoEE. UU.Privacidad de Datos
