La GSA está introduciendo un requisito radical: cualquier proveedor que busque un contrato federal debe otorgar al gobierno de EE. UU. una licencia no exclusiva e irrevocable para "cualquier uso legal" de sus modelos. Este es un cortafuegos legal contra situaciones en las que un proveedor cierra repentinamente una API debido a sentimientos pacifistas en su junta directiva. Además, el documento exige una divulgación completa sobre si los pesos del modelo se modificaron para apaciguar a los reguladores extranjeros. El mercado B2G (Business-to-Government) se está purgando del idealismo: si quieres el dinero de los contribuyentes, olvídate de tus propias "líneas rojas".
Fuente: Financial Times / Reuters
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